Moca, provincia Espaillat.– El Tribunal Colegiado de Espaillat ordenó un año de prisión preventiva contra Clara Inés Sánchez, señalada por el Ministerio Público como vinculada en calidad de cómplice en el caso que involucra la pérdida del taxista Alfred Joel Fernández. El hecho ha generado gran inquietud en la sociedad mocana y mantiene a la comunidad atenta al proceso judicial.
Las investigaciones presentadas indican que Sánchez habría tenido participación tanto en la planificación como en la ejecución del suceso, junto a otros individuos identificados con los apodos de “Sancochado” y “Ñacoña”. Estos últimos ya no viven, tras ser alcanzados en recientes operativos realizados por agentes de la Policía Nacional, de acuerdo con lo señalado por las autoridades.
El Ministerio Público sustentó su solicitud de prisión preventiva con varios argumentos. Entre ellos se destacaron la gravedad de los hechos atribuidos, la supuesta peligrosidad de la encartada y el riesgo de que pudiera intentar evadir el proceso legal en curso. Estos elementos fueron considerados determinantes para la decisión adoptada por el tribunal.
La audiencia en la que se conoció la medida estuvo marcada por un ambiente de tensión. En las afueras del palacio de justicia se concentraron familiares y allegados del taxista Alfred Joel, quienes expresaron su clamor por justicia. Su presencia reflejó la sensibilidad que ha despertado el caso en distintos sectores de la población de Moca.
Con la medida establecida, Clara Inés Sánchez deberá cumplir el tiempo de prisión preventiva en un centro penitenciario mientras el proceso continúa avanzando. Durante este período, se espera que el Ministerio Público amplíe y fortalezca las pruebas relacionadas con la imputación en su contra.
El caso permanece bajo atención tanto de las autoridades judiciales como de la ciudadanía. Se trata de un proceso que, por la naturaleza de los hechos investigados, mantiene la mirada pública enfocada en la transparencia de las actuaciones y en la expectativa de que el sistema judicial logre establecer con claridad las responsabilidades correspondientes.
De esta manera, el tribunal ratificó la necesidad de mantener a Sánchez bajo custodia mientras se desenvuelve la investigación. La medida preventiva responde a la política judicial de asegurar que los procesos se desarrollen sin riesgo de fuga y con todas las garantías procesales requeridas por la ley.