La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), llevó a cabo en Santo Domingo la detención del coronel Regalado y del militar israelí Harel Katz, responsables de la seguridad del Ministerio de Agricultura y del ministro Limber Cruz.
De acuerdo con fuentes oficiales, ambos fueron entregados al Ministerio Público y permanecen bajo custodia para ser interrogados. El procedimiento busca esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la administración de fondos públicos en el Ministerio de Agricultura. Se espera que en las próximas horas la Procuraduría General de la República emita un informe oficial con los cargos que podrían presentarse.
La información preliminar señala que las autoridades judiciales trabajan en los detalles de la investigación y que la medida responde a un esfuerzo por reforzar la supervisión sobre la gestión de los recursos estatales. En este sentido, el caso se vincula con un contexto de procesos recientes por mal manejo de fondos en la misma institución pública.
En 2023, el Ministerio Público obtuvo condenas contra Julio Enrique Domínguez Solano, conocido como Julito, y Antonio José Paredes Elizondo, luego de comprobarse que entre 2021 y 2022 desviaron más de tres millones 800 mil pesos. El proceso judicial fue presentado como parte de un esfuerzo por enfrentar irregularidades administrativas dentro del organismo agrícola.
Domínguez Solano recibió una condena de tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, junto con una multa equivalente a 200 salarios mínimos. La decisión judicial se fundamentó en el artículo 258 del Código Penal Dominicano y en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, según detallaron los magistrados.
Por su parte, Antonio José Paredes Elizondo admitió los hechos imputados y colaboró con la investigación. En consecuencia, la jueza Clara Almonte Gómez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó una sentencia de tres años de prisión suspendida bajo condiciones especiales, con base en el artículo 123 del Código Penal.
El proceso fue conducido por los fiscales Ernesto Guzmán, Aurelio Valdez y Yoneivy González, de la PEPCA, quienes representaron al Ministerio Público durante el juicio. La decisión fue interpretada como un paso significativo en el combate contra prácticas indebidas en la administración pública.
La reciente detención de los responsables de seguridad en el Ministerio de Agricultura marca un nuevo capítulo en este historial judicial. La ciudadanía permanece atenta a los pronunciamientos oficiales de las autoridades, que definirán las consecuencias legales de este caso y su impacto en la gestión institucional.