Un video registrado por una cámara de seguridad muestra cómo Alexander Silva, de 16 años, recibe un proyectil detrás de la cabeza, presuntamente propinado por el teniente Bernardo Joseph, quien lo habría confundido con otra persona. El suceso ocurrió el 25 de septiembre del 2024 en la provincia Monte Plata, generando conmoción por la manera en que se produjo el incidente y sus consecuencias inmediatas.
La familia del adolescente expresó su indignación debido a que, durante el proceso judicial realizado recientemente, la jueza Hilda Nieve Sánchez Luna impuso a los responsables presentación periódica y una multa de cinco mil pesos. Los familiares señalaron que la magistrada no permitió que el video del suceso fuera revisado en la audiencia, impidiendo que se apreciara el mecanismo del hecho tal como quedó registrado.
“Nada la conduele,” manifestaron los familiares del menor, criticando la decisión judicial y la falta de consideración por la gravedad del suceso. Según sus denuncias, la medida impuesta no refleja la severidad del incidente, ni el impacto que tuvo sobre la víctima y su entorno cercano.
El mecanismo del evento quedó claramente registrado en la grabación: un proyectil alcanzó a Alexander Silva detrás de la cabeza cuando el teniente Joseph confundió su identidad con la de otra persona. Este detalle es central para la comprensión del suceso y ha sido enfatizado por la familia, que reclama justicia ante lo que consideran una omisión judicial.
El hecho ha generado un debate sobre la actuación de las autoridades y la necesidad de garantizar que las pruebas de video sean consideradas en los procesos judiciales, especialmente en casos donde la vida de menores se ve afectada por errores de identificación o manejo de fuerza por parte de agentes estatales.
Los familiares del joven enfatizaron que la medida adoptada por la jueza no satisface la demanda de justicia ni proporciona claridad sobre la responsabilidad directa en el incidente, considerando que el mecanismo del proyectil propinado por confusión no ha sido abordado de manera completa en el proceso legal.
Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por la resolución judicial, subrayando que la revisión de evidencias como videos de seguridad es fundamental para garantizar transparencia y rendición de cuentas, especialmente en situaciones donde un menor resulta afectado por errores de identificación de fuerzas del orden.