Santo Domingo. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, aseguró este lunes que la intervención policial durante la protesta realizada por miembros del gremio fue una acción «planificada» y anunció que la organización estudia presentar acciones judiciales contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y el jefe de la Policía Nacional en el Distrito Nacional.
Durante una entrevista en el programa La Opción de la Mañana, Hernández sostuvo que la actuación de las autoridades no correspondió a un procedimiento ordinario de control de manifestaciones, sino que, según afirmó, respondió a una estrategia previamente organizada para reprimir la protesta.
«Todo eso fue planificado», expresó el dirigente gremial, al argumentar que la ministra de Interior y Policía se negó en dos ocasiones a recibir la notificación de la manifestación. También aseguró haber recibido una llamada del general Gabriel de los Santos García, jefe policial del Distrito Nacional, la cual calificó de «amenazante e intimidante».
El presidente de la ANPA indicó que el gremio analizará la posibilidad de acudir a los tribunales al considerar que lo ocurrido «fue casi un intento de asesinato».
Asimismo, denunció que durante el operativo los manifestantes fueron lanzados al suelo, despojados de sus lentes antes de recibir gas pimienta y expuestos al lanzamiento de múltiples bombas lacrimógenas. De acuerdo con su versión, también se realizaron disparos frente a los manifestantes y fueron utilizadas más de 40 bombas lacrimógenas durante la intervención.
«Lo que ocurrió con nosotros no fue una simple represión policial», afirmó Hernández, quien calificó el operativo como «una perversidad imperdonable» que, según dijo, quedará en la memoria de los profesionales agropecuarios.
El dirigente agregó que, a su juicio, no existía necesidad de emplear ese nivel de fuerza contra los participantes en la protesta, integrada en su mayoría por profesionales de edad avanzada.
De su lado, el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado en el que indicaron que el gremio no tenía permiso para la manifestación hacia el Palacio Nacional.