Saltar al contenido

CARD respalda prórroga del Código Penal y advierte sobre posibles inconstitucionalidades

29 de junio de 2026
CARD respalda prórroga del Código Penal y advierte sobre posibles inconstitucionalidades

Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó su respaldo a la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el objetivo de realizar correcciones a disposiciones que han sido cuestionadas por posibles incongruencias e inconstitucionalidades.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que aunque el país requiere con urgencia una legislación penal moderna, adaptada a los retos del crimen organizado, los delitos tecnológicos y nuevas modalidades delictivas, su implementación no debe realizarse en detrimento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Potentini señaló que el nuevo Código Penal contiene aspectos que ameritan revisión, especialmente aquellos que podrían impactar la libertad de expresión y otras garantías democráticas, las cuales deben ser adecuadas antes de la entrada en vigor de la normativa.

El gremio jurídico respaldó además la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que propone una prórroga legislativa que extienda la entrada en vigencia más allá del 5 de agosto, otorgando un plazo de unos seis meses para ajustes técnicos y constitucionales.

“Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir inconsistencias y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido y respetuoso de los principios constitucionales”, expresó Potentini durante una entrevista en el programa Matinal 5, de Telemicro.

En el espacio televisivo, Potentini participó junto a los periodistas Persio Maldonado, Laura Castellanos y Domingo del Pilar, donde se debatieron los principales retos jurídicos y constitucionales del nuevo código.

Finalmente, el presidente del CARD sostuvo que una revisión responsable del texto contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica y permitirá que el país cuente con un Código Penal moderno, sólido y acorde con el Estado Social y Democrático de Derecho.