SANTO DOMINGO.- El jurista Jorge Herasme Rivas fue juramentado este jueves como abogado general de la Administración Pública, luego de ser designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 419-26.
La juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Justicia, donde el ministro Antoliano Peralta Romero destacó la importancia de esta nueva figura para la representación legal del Estado ante procesos contenciosos administrativos.
La Oficina del Abogado General de la Administración Pública surge tras la reforma constitucional de 2024 y la promulgación de la Ley núm. 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, que establece sus funciones como órgano encargado de representar a la Administración Pública ante la jurisdicción contencioso-administrativa y coordinar la defensa jurídica de los organismos estatales.
El presidente Luis Abinader designó a Jorge Herasme como abogado general de la Administración Pública, mediante el Decreto núm. 419-26.
En unas palabras iniciales a cargo del ministro de Justicia, Dr. Antoliano Peralta Romero, quien le tomó la juramentación al nuevo funcionario, este expresó la importancia de la nueva figura para el fortalecimiento institucional del Estado dominicano. El ministro de Justicia recordó que anteriormente la Administración pública se encontraba en gran parte desprotegida ante procesos contenciosos presentados en su contra. A estas palabras se sumó luego Herasme Rivas, quien reiteró está visión, al tiempo que expresó el honor que representaba asumir la posición.
Con este histórico acontecimiento, el Estado dominicano, a través del Ministerio de Justicia, avanza firmemente en la estructuración de sus órganos, en función de la transparencia y la seguridad jurídica y reafirmando la figura del Estado Social y Democrático de Derecho.
Sobre la Oficina del Abogado General de la Administración Pública
La Oficina del Abogado General de la Administración Pública nace de la reforma constitucional de 2024, mediante la cual se modificó el artículo 167 de la Constitución, transformando el anterior Procurador General Administrativo en esta nueva dependencia del Poder Ejecutivo. Con la promulgación de la Ley núm. 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, la institución se organizó como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y se le atribuyeron las siguientes funciones:
Ser representante permanente de la Administración Pública ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Coordinar la representación de los demás organismos del Estado ante la misma jurisdicción.
Asumir, a requerimiento, la representación de la Administración ante cualquier otra jurisdicción que no se encuentre reservada por ley al Ministerio Público u otra institución.
La Ley núm. 80-25 contempla hasta cinco abogados adjuntos y un cuerpo de abogados ayudantes especializados. En este sentido, la ley también contempla la creación de una carrera especializada.
La relevancia de esta nueva institución radica en la concentración y especialización de la representación jurídica del Estado y la Administración pública, así como la garantía de una defensa más técnica, coherente y unificada.