Santo Domingo.- En el marco del mes de las madres y del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), junto a AGARESO y con el apoyo de la Xunta de Galicia, presentó los resultados de la investigación “Madres Invisibles: La Crisis Silenciosa de la Mortalidad Materna en República Dominicana”, un estudio que analiza las cifras, tendencias y desigualdades detrás de las muertes maternas registradas en el país entre 2019 y 2025.
La investigación cualitativa analizó 30 casos de muerte materna ocurridos en 2025, equivalentes al 17% del total anual, con cobertura en 15 provincias y 7 regiones del país.
El estudio advierte que, aunque en el país se ha registrado una reducción en el número de nacidos vivos durante los últimos seis años, las muertes maternas no disminuyen. En 2025 se registraron 177 muertes maternas y, aunque todavía no están disponibles los datos oficiales sobre nacidos vivos, el Observatorio de Mortalidad Materna de CIPAF proyecta una Razón de Mortalidad Materna de 154 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, cifra que duplica la media regional.
La investigación concluye que la mortalidad materna sigue siendo una crisis previsible y una deuda urgente del sistema de salud dominicano. El informe identifica que las mujeres no mueren principalmente por complicaciones del embarazo, sino por fallas del sistema de salud, exclusión y violencia, como la falta de atención oportuna, las desigualdades territoriales y socioeconómicas, y las limitaciones en la atención integral a mujeres embarazadas.
Aunque Santo Domingo y Santiago concentran el mayor número de muertes maternas por su volumen de nacimientos, provincias como Independencia, Monte Plata, Hato Mayor y La Romana presentan los mayores niveles de riesgo, evidenciando profundas desigualdades territoriales.
La investigación muestra además un perfil recurrente de las mujeres afectadas: edad promedio de 32.5 años, dedicadas principalmente al trabajo doméstico no remunerado, con baja escolaridad y residentes en zonas rurales o contextos de alta vulnerabilidad.
El estudio señala que, aunque muchas mujeres asistieron a controles prenatales, esto no garantiza una detección oportuna de riesgos. Asimismo, contar con seguro médico no asegura protección, ya que muchos planes no cubren insumos críticos como sangre, ambulancias y analíticas, provocando que la emergencia médica termine siendo “privatizada de hecho”.
La investigación también documenta el impacto social de estas muertes: más de 36 niños y niñas quedaron huérfanos, mientras que ninguna de las familias recibió acompañamiento psicológico ni mantuvo los beneficios sociales que recibían.
Los datos además muestran un incremento de las muertes maternas correspondientes a mujeres dominicanas, lo que, según el informe, evidencia que el problema no está relacionado con la nacionalidad, sino con las deficiencias estructurales del sistema sanitario y las condiciones de pobreza y precariedad.
Durante la presentación del informe, las organizaciones insistieron en que detrás de cada cifra existen historias marcadas por barreras institucionales, negligencia y fallas evitables.
“La mortalidad materna no puede seguir tratándose como un dato aislado. Es una cadena de fallas que roba vidas de mujeres que pudieron salvarse y deja familias marcadas por pérdidas evitables”, expresó Tania Alfonso, una de las investigadoras.
Entre las recomendaciones, el informe plantea garantizar atención obstétrica oportuna y de calidad, asegurar disponibilidad universal de sangre e insumos críticos, prevenir la violencia obstétrica, transparentar los datos públicos, revisar las normativas sobre salud sexual y reproductiva e implementar Educación Sexual Integral en todos los niveles.
“Que ninguna mujer muera dando vida debe ser un compromiso real del Estado y de toda la sociedad”, afirmó Syra Taveras, directora ejecutiva de CIPAF.