Arelis Rijo, residente en La Romana, presentó una denuncia tras conocer que su hijo de nueve años sería retirado del centro educativo Hogar del Niño. El menor presenta diagnósticos de TDAH, epilepsia y trastorno del neurodesarrollo, condiciones que requieren atención especializada en el ámbito educativo.
La madre explicó que el niño ha asistido a esta institución educativa desde su infancia temprana, recibiendo el apoyo necesario para su desarrollo académico. Sin embargo, hace aproximadamente dos semanas, la dirección del centro le comunicó que ya no podrían continuar brindando asistencia al menor.
Según el testimonio de Rijo, la institución le habría informado que “ya no van a poder seguir ayudándolo”, decisión que ha generado preocupación en la familia. La situación representa un desafío significativo para el menor, quien requiere continuidad en su proceso educativo especializado.
A través de un video enviado a De Último Minuto, la madre detalló las gestiones realizadas para resolver esta situación. Rijo confirmó haber solicitado apoyo directo ante el Ministerio de Educación (MINERD), buscando una solución que garantice la continuidad educativa de su hijo.
El director distrital del MINERD emitió una carta de respaldo dirigida al centro educativo, documento que respalda la permanencia del estudiante en la institución. Esta comunicación oficial busca garantizar el derecho a la educación del menor con necesidades educativas especiales.
Pese a contar con el documento de respaldo oficial, la dirección del plantel mantiene su posición negativa. Según la denuncia presentada por Rijo, la institución se niega categóricamente a recibir nuevamente al niño, ignorando la carta emitida por las autoridades educativas correspondientes.
La madre expresó su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el desarrollo educativo de su hijo. El menor requiere atención especializada debido a sus condiciones neurológicas, por lo que la continuidad en un ambiente educativo adecuado resulta fundamental para su progreso.
El caso permanece en desarrollo mientras la familia busca alternativas que garanticen el derecho a la educación del menor. La respuesta de las autoridades educativas será determinante para resolver esta controversia y asegurar la continuidad del proceso formativo del estudiante.
La situación ha generado atención mediática debido a la importancia de garantizar la inclusión educativa. Los padres esperan una resolución favorable que permita al niño continuar su formación en un ambiente apropiado para sus necesidades particulares de aprendizaje.
Las autoridades competentes deberán evaluar las medidas necesarias para resolver este conflicto educativo. La protección de los derechos de los estudiantes con necesidades especiales constituye una prioridad que requiere atención inmediata por parte de las instituciones responsables del sistema educativo nacional.