Redacción.- La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos, por su supuesta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden, emitida por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la salida del mandatario.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de dejar al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido al cierre de las vías. Asimismo, las autoridades estiman que las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares.
La acción legal también alcanza al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a estos hechos.
Por su parte, Evo Morales rechazó haber promovido la renuncia del presidente Rodrigo Paz y aseguró que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados.
Actualmente, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por cientos de seguidores para evitar que se ejecute otra orden de captura relacionada con una investigación por trata agravada de personas, caso por el que también fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija.