REDACCIÓN.- El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue absuelto este viernes del delito de peculado en el denominado caso Reaseguros, una de las investigaciones judiciales más extensas y complejas en la historia reciente del país, que se prolongó por aproximadamente 25 años.
La decisión fue emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en San José, tras un juicio que se extendió desde agosto de 2025 hasta finales de mayo de 2026, y que involucraba a varios exfuncionarios del sector asegurador estatal.
¿De qué trataba el caso?
La acusación se centraba en supuestos pagos realizados en el año 2001 por empresas reaseguradoras y corredoras internacionales que buscaban contratos con el Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica.
La Fiscalía sostenía que esos desembolsos podían interpretarse como comisiones o beneficios irregulares vinculados a la gestión de contratos públicos, lo que configuraría el delito de peculado al estar presuntamente relacionados con funcionarios del Estado.
En el caso del exmandatario, el Ministerio Público llegó a solicitar una condena de hasta 132 años de prisión, al atribuirle múltiples hechos delictivos dentro del expediente.
Sin embargo, el tribunal concluyó que el elemento clave del delito no se cumplía: los recursos investigados no eran fondos públicos.
Según la resolución, el dinero provenía de aseguradoras y corredores privados internacionales, por lo que no podía considerarse patrimonio estatal ni sujeto al delito de peculado.
Con base en ese criterio, el tribunal determinó la absolución no solo de Rodríguez, sino también de otros exfuncionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) implicados en el proceso.
El caso Reaseguros tuvo una larga trayectoria judicial. Inició a principios de los años 2000, fue dividido en varios expedientes y luego acumulado en 2013.
Durante el proceso se registraron múltiples obstáculos: anulaciones de resoluciones, recursos de las defensas, exclusión de pruebas internacionales, traducción de miles de folios y la suspensión del juicio durante la pandemia de COVID-19.
Incluso la Sala Constitucional de Costa Rica llegó a reconocer la duración excesiva del proceso, tras un recurso presentado por la defensa del exmandatario.
Pese a la absolución, el Ministerio Público anunció que evaluará la sentencia una vez se emita su versión completa para determinar si presentará recursos de apelación.
La Fiscalía sostiene que existen elementos probatorios valorados en tribunales de otros países, como el Reino Unido y Estados Unidos, que habrían relacionado pagos de empresas reaseguradoras con funcionarios públicos costarricenses.
Con esta decisión, el Tribunal Penal de Hacienda pone fin en primera instancia a un expediente que se mantuvo activo por un cuarto de siglo y que se convirtió en uno de los procesos judiciales más prolongados y mediáticos de Costa Rica, quedando ahora a la espera de una eventual revisión en instancias superiores.