José Alberto Pimentel, conocido como “Bertico”, quien obtuvo su libertad la semana anterior tras estar vinculado en la pérdida del comerciante Bernardo Adames, enfrentó nuevamente el sistema judicial por otro caso relacionado con tentativa de provocar la pérdida de una persona en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, República Dominicana.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte estableció una garantía económica de 25 mil pesos en efectivo junto con presentación periódica como medida de coerción para el imputado. El alias “Bertico” tenía pendiente una orden de arresto por estos nuevos cargos que datan del año 2022.
Las autoridades acusan a Pimentel de tentativa de provocar la pérdida de una persona y asociación de malhechores en un incidente ocurrido durante 2022, donde dos personas resultaron con heridas. El representante legal del imputado explicó que su cliente deberá presentarse los días 20 de cada mes durante un período de seis meses.
La magistrada consideró las condiciones físicas del acusado y el proceso judicial en curso antes de establecer la fianza correspondiente. Además del pago de la garantía económica, Pimentel debe cumplir con las presentaciones periódicas establecidas por el tribunal como parte de las medidas cautelares impuestas.
Durante una entrevista realizada al acusado, cuando se le preguntó sobre su nueva situación legal, Pimentel respondió: “No, no es una viejísima ahí que me involucrar esta gente. Pero tú te hubieras caído preso anteriormente después de eso y por qué no te habías salido eso vaina vieja reviviendo cosas, tú sabes.”
Respecto a la fianza impuesta, el imputado manifestó: “Sí. ¿Cómo te sientes ya con con esa con esa medida que te pusieron? Mal porque yo no he hecho nada.” Sus declaraciones reflejan su posición de no reconocer responsabilidad en los hechos que se le imputan en este nuevo proceso judicial.
Las autoridades judiciales explicaron que todos los ciudadanos con casos pendientes ante la justicia, ya sean cometidos recientemente o con anterioridad, están siendo objeto de ejecución de órdenes de arresto. Este procedimiento busca que los expedientes finalicen con cualquiera de los resultados que establece la ley vigente.
Mantener casos abiertos sin resolución perjudica tanto al sistema judicial como al propio imputado, según indicaron los representantes del sistema de justicia. En el caso específico de José Alberto Pimentel, el hecho investigado data del año 2022 y involucró heridas a dos personas en circunstancias que están siendo investigadas.
La acusación formal incluye tentativa de provocar la pérdida de una persona y asociación de malhechores, cargos que podrían conllevar penas significativas en caso de comprobarse la culpabilidad del imputado. La jueza evaluó cuidadosamente el proceso y las condiciones físicas del acusado antes de determinar la medida de coerción.
La garantía económica de 25 mil pesos efectivos deberá ser cancelada por el imputado como condición para mantener su libertad provisional. Adicionalmente, las visitas obligatorias cada día 20 del mes por un período de tiempo específico forman parte integral de las medidas cautelares establecidas.
Las medidas de coerción impuestas buscan garantizar que el imputado se presente cuando sea requerido por el tribunal, mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente. El cumplimiento de estas medidas será supervisado por las autoridades competentes durante todo el período establecido por la magistrada.