Diario al Día | Santiago, República Dominicana – Los seis implicados en la muerte de niña de nacionalidad haitiana, Stephora Joseph de 11 años, quien falleció ahogada en una piscina, deberán pagar una garantía económica de RD$8 millones como medida de coerción.
La decisión fue tomada por el juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Joob García, quien impuso la medida tanto a personas jurídicas como físicas vinculadas al caso.
Entre los señalados se encuentran Eduardo Rafael Estévez Bretón, identificado como presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci; Fredy Núñez, director académico del centro educativo; así como Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, relacionados con la hacienda donde ocurrió el hecho.
El Ministerio Público ha calificado la situación como homicidio involuntario, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades en la muerte de la menor durante la excursión escolar.
El juez García argumentó que la garantía económica busca asegurar que los implicados cumplan con los procesos judiciales pendientes y evitar posibles riesgos de fuga o incumplimiento de las medidas establecidas.
En la resolución también se destaca que tanto los representantes legales del centro educativo como los propietarios de la hacienda deberán responder de manera conjunta y solidaria frente a la obligación económica impuesta, reforzando la seriedad de la medida.
La familia de Stephora Joseph ha estado presente en las audiencias y ha declarado su intención de seguir de cerca el proceso judicial, buscando que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el trágico hecho.
Las autoridades educativas, por su parte, han expresado colaboración plena con las investigaciones y aseguraron que revisarán los protocolos de seguridad para futuras excursiones, enfatizando la importancia de prevenir incidentes similares.
En tanto, el Ministerio Público continúa recopilando testimonios y pruebas que puedan determinar si hubo negligencia por parte de los responsables del centro educativo y de la hacienda, con miras a una posible imputación más amplia.
El caso ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la seguridad en actividades escolares fuera del aula, así como sobre la responsabilidad civil y penal de los adultos a cargo de menores en estos contextos.
Con la medida de garantía económica de RD$8 millones, el sistema judicial busca asegurar que los implicados permanezcan disponibles para el proceso y que se avance en la investigación de la muerte de niña, respetando los derechos de todas las partes involucradas.
Expertos en derecho señalan que este tipo de medidas son habituales en casos de homicidio involuntario donde se busca equilibrar la libertad personal de los imputados con la obligación de responder ante la justicia, garantizando que la investigación no se vea obstaculizada.
La expectativa en Santiago es que el proceso judicial permita esclarecer plenamente las responsabilidades y que se implementen medidas de prevención que eviten la repetición de tragedias similares en actividades escolares futuras.