República Dominicana, Santo Domingo.– Dos víctimas que se habían constituido en actores civiles retiraron este lunes el recurso de apelación interpuesto contra las medidas de coerción aplicadas a Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el Ministerio Público como imputados de pérdida involuntaria de personas en el hecho ocurrido en la discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril dejaron de existir 236 personas y unas 200 resultaron heridas.
Las querellantes, identificadas como Luisa María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina, comparecieron con sus abogados y desistieron durante la audiencia de la solicitud que pretendía modificar las medidas dictadas el 19 de junio por la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Las disposiciones vigentes establecen el pago de una garantía económica ascendente a 50 millones de pesos, la obligación de presentación periódica ante las autoridades judiciales y la prohibición de salida del país para los imputados. Estas medidas se mantendrán tras el desistimiento presentado en la sala.
El retiro de la apelación se produce después de que la misma sala rechazara la semana pasada 40 recursos similares introducidos por otras partes civiles, en los que también se buscaba variar las condiciones de coerción establecidas. Según lo trascendido durante la audiencia, el desistimiento estaría vinculado a acuerdos alcanzados entre los querellantes y la defensa de los hermanos Espaillat, principales propietarios del centro nocturno que colapsó durante una fiesta en la que se presentaba el merenguero Rubby Pérez, quien también dejó de existir en el suceso.
El abogado Plinio Méndez, representante del testigo principal del caso, Gregory Adames, así como de otros querellantes, manifestó críticas hacia el manejo judicial del proceso. Aseguró que los desistimientos responden a negociaciones entre las partes, pero cuestionó que el tribunal remitiera los expedientes a otra instancia sin esperar el vencimiento de todos los plazos legales, lo que calificó como un procedimiento irregular.
Méndez afirmó que este caso representa un reto para el sistema judicial dominicano y subrayó que el Ministerio Público ha mostrado deficiencias desde el inicio del proceso. Según sus declaraciones, la parte acusadora ha actuado de manera contradictoria, alternando entre una aparente falta de interés en impulsar justicia rápida y un enfoque mediático sin pruebas suficientes.
De acuerdo con la información suministrada, los acuerdos alcanzados fueron formalmente depositados en el tribunal, lo que dejó sin efecto el recurso de apelación interpuesto por las dos víctimas querellantes en este proceso.