Santo Domingo.- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los principales implicados en el denominado caso Camaleón, pero excluyó la acusación de terrorismo que el Ministerio Público había incluido en el expediente.
La decisión fue destacada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien explicó que el tribunal consideró que no se configuraba el elemento subjetivo requerido para sostener ese tipo penal.
“En relación a la decisión que tomó el tribunal, excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la participación subjetiva del tipo penal”, indicó Camacho al concluir la audiencia.
No obstante, el funcionario señaló que la jueza mantuvo la acusación por sabotaje, uno de los cargos centrales del proceso, por lo que el Ministerio Público considera que el caso continúa fortalecido.
“Los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”, sostuvo Camacho, quien afirmó que durante el juicio podrían presentar elementos para solicitar una variación de la calificación jurídica.
La magistrada también rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y ordenó la apertura a juicio contra el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Beras y los demás imputados.
Según el Ministerio Público, la presunta red habría manipulado procesos de contratación pública para favorecer empresas vinculadas a Gómez Canaán en la adjudicación de contratos relacionados con la red semafórica del Gran Santo Domingo, por un monto superior a los RD$1,300 millones.
Aunque la acusación por terrorismo fue excluida en esta etapa, el tribunal mantuvo cargos por sabotaje, corrupción administrativa, estafa contra el Estado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Camacho resaltó que la calificación jurídica retenida por el tribunal incluye el delito de lavado de activos, por lo que algunos de los imputados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
Cargos que enfrentan
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Cassó operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo. Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias. Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico. Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
El grupo fue acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, además de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documento privado . También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
Dichas conductas están tipificadas y sancionadas por varios artículos de la Constitución de la República Dominicana, Código Penal Dominicano y de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.