Por razones técnicas, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado decidieron no aceptar dos evidencias presentadas en el caso contra Karla María Moya, quien enfrentaba señalamientos por ejercer la medicina de manera no autorizada en República Dominicana. Como resultado de esta decisión judicial, fue liberada de responsabilidad legal en el proceso que se le seguía.
Uno de los documentos no admitidos era una certificación emitida por una universidad de un país sudamericano. En dicho documento se afirmaba que Karla Moya no figuraba como egresada ni estaba registrada en esa institución. La otra evidencia era parte de su perfil en LinkedIn, donde ella misma indicaba que es abogada graduada en 2001 en la Universidad Carlos Bello.
La sentencia del tribunal, que consta de 42 páginas, dedica solo un breve párrafo para explicar por qué estas pruebas fueron excluidas del expediente. Según el texto, ambas pruebas fueron presentadas fuera de tiempo. Aunque databan de fechas anteriores al inicio del primer juicio, fueron incorporadas de manera tardía en la segunda etapa del proceso, lo que llevó a los jueces a considerarlas improcedentes.
No obstante, el tribunal sí aceptó como válidos varios documentos aportados por Karla Moya, a pesar de no estar apostillados ni haber sido enviados por conducto oficial, como sería el Ministerio de Educación Superior. Según un documento emitido por el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, existe en sus archivos un título que supuestamente le fue entregado a Karla María Moya Boada. Sin embargo, este fue retenido, ya que quienes lo presentaron no ofrecieron pruebas que confirmaran su autenticidad.
Además, una certificación firmada por el profesor Tulio Olmos, Director de Archivo Central de la Universidad Central de Venezuela, señala que no existe ningún registro académico relacionado con Karla Moya Boada. La comunicación oficial, con el número 034-2024, indica que no figura como estudiante inscrita, activa ni egresada de esa casa de estudios.
Este caso fue retomado en una reciente emisión del programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera. Ella recordó que fue quien inicialmente dio a conocer la situación hace aproximadamente dos años. En su informe, afirmó: “le venció el pulso al sistema judicial, porque unas fiscales novatas, entenderían yo, que fue una novatada para no entender qué otra cosa, no lograron en la primera instancia, probar de que aquí ella ejercía ilegalmente la medicina”.
En el primer reportaje sobre este tema se mostraron imágenes del consultorio de Karla Moya, donde se veían certificados de la Universidad Central de Venezuela, incluyendo uno de postgrado en cirugía plástica reconstructiva y otro de médico cirujano con fecha del 20 de julio de 2008. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, esos documentos ya no estaban visibles.
Finalmente, se contactó a la doctora Susana Cárdenas, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, quien aseguró que Karla María Moya Boada no figura entre los 678 miembros activos ni entre los 70 aspirantes de la organización.