La Procuraduría Especializada de Persecución presentó este sábado una solicitud formal de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La petición se dirige contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por su presunta vinculación con los hechos que derivaron en la pérdida de al menos 236 personas y lesiones en más de 180, debido al derrumbe del techo del establecimiento nocturno Jet Set, ocurrido el 8 de abril.
El requerimiento se entregó dentro del plazo legal de 48 horas, tras la detención de ambos imputados, realizada el pasado jueves.
De acuerdo con lo comunicado por la Procuraduría, los hermanos Espaillat fueron interrogados durante varias horas antes de ser conducidos a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen bajo custodia a la espera de la audiencia que podría realizarse el domingo.
Según el expediente preparado por el Ministerio Público, los propietarios del Jet Set habrían actuado con una falta de diligencia considerada como “inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no haber intervenido la estructura del local pese a supuestas advertencias sobre su deterioro.
A esto se suman acusaciones por presuntos intentos de intimidación hacia empleados de la empresa administradora del lugar, Inversiones E y L, S.R.L., quienes podrían aportar testimonios relevantes para el caso.
La formulación legal de la acusación está basada en el artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana.
El Ministerio Público sostiene que el desplome del techo pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas adecuadas de mantenimiento o reparación.
En ese contexto, se atribuyen a los implicados los cargos de negligencia grave, pérdida de vidas sin intención previa y presunta intimidación de posibles testigos, elementos que, combinados, agravan la evaluación jurídica de su actuación.
El abogado defensor, Miguel Valerio, afirmó que sus representados se mantienen serenos y manifestó su expectativa de que se valore la posibilidad de aplicar medidas distintas a la prisión preventiva.
Argumentó que no existe peligro de evasión del proceso judicial, con base en antecedentes y normativas aplicables.
Por otra parte, se han presentado más de 80 acciones civiles por parte de allegados de las personas que dejaron de vivir en el incidente. Las solicitudes contemplan compensaciones económicas significativas.
Como parte de las medidas precautorias, la Procuraduría ordenó la inmovilización de activos vinculados al Jet Set, a fin de garantizar el cumplimiento de eventuales reparaciones civiles.