En Santo Domingo, República Dominicana, la familia del reconocido artista Rubby Pérez formalizó este martes una querella con constitución en parte civil en contra de los propietarios y responsables del centro de entretenimiento conocido como Jet Set. Este lugar fue escenario de un hecho lamentable que dejó 236 personas sin vida, lo que ha generado conmoción a nivel nacional.
La acción legal fue presentada como parte del proceso judicial en curso, marcando una nueva etapa en la búsqueda de respuestas y medidas frente a lo sucedido. La familia de Roberto Antonio Pérez Herrera, nombre de pila del artista conocido como “La Voz Más Alta del Merengue”, expresó que esta iniciativa no persigue intereses económicos personales, sino una reparación moral con visión colectiva.
Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del intérprete, manifestaron con evidente carga emocional: “Queremos que este fondo sea una semilla de futuro y conciencia”. La familia ha solicitado una indemnización por un monto de RD$435 millones, la cual, según explicaron, será destinada en su totalidad a la creación de un fondo con impacto positivo para la juventud del país.
El propósito principal de este fondo es generar una transformación social mediante tres líneas de acción: primero, fomentar el desarrollo de la industria creativa como medio de inclusión social; segundo, promover la educación en valores y ciudadanía en centros escolares y comunidades; y tercero, fortalecer los entornos de protección y crecimiento para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Según la declaración de la familia Pérez, este esfuerzo busca que la pérdida del artista no sea solo un hecho doloroso en la memoria nacional, sino el punto de partida de un compromiso real por parte de la sociedad y sus instituciones. La propuesta también contempla el trabajo conjunto con organizaciones del sector público, privado y social, con la finalidad de garantizar una gestión transparente y efectiva del fondo.
Además, la querella incluye una solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra los responsables señalados, con base en la gravedad del hecho, el riesgo procesal y la importancia de evitar que quede impune. La familia ha sido enfática al señalar que no permitirá que este hecho quede relegado a un expediente sin resolución. Han reiterado que esta acción legal no solo busca una sanción jurídica, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad estructural en espacios de gran concurrencia.
La sociedad dominicana continúa siguiendo de cerca el desarrollo del proceso, en un contexto donde la exigencia por justicia, memoria y reparación colectiva se mantiene como una prioridad compartida por distintos sectores del país.