Santo Domingo.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer la recusación presentada contra la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien tiene a su cargo la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución núm. 49-2026, en la que el alto tribunal explicó que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, este tipo de incidentes debe ser resuelto en la instancia correspondiente antes de escalar a la máxima autoridad judicial.
Tras analizar el expediente, el Pleno determinó que no le corresponde decidir sobre la recusación, amparándose en lo establecido en los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal. Según estas disposiciones, cuando la recusación no afecta el quórum de una Corte de Apelación, el conocimiento del caso recae en los propios jueces de ese tribunal o en su presidencia.
En ese sentido, la Suprema Corte ordenó remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde los jueces no recusados deberán decidir si procede apartar a la magistrada del proceso.
La recusación fue interpuesta por los abogados del fiscal, Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz comprometió su imparcialidad al autorizar diligencias investigativas clave, incluyendo la entrega vigilada del dinero del supuesto soborno. La magistrada rechazó estos señalamientos y no se inhibió voluntariamente.
El caso involucra al fiscal Valdez Alcántara, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente recibir dinero de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa). Debido a la gravedad de los hechos, el órgano acusador ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público argumenta que existe riesgo de que el imputado pueda influir en la investigación, dada su posición dentro del sistema de justicia.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma su criterio de respetar las competencias y jerarquías de los tribunales, garantizando que los procesos se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos por la ley.