Santo Domingo.- Tras la suspensión del registro de proveedores del Estado a 10 senadores, el politólogo Juan Manuel García consideró que la medida no debe limitarse únicamente a retirarles esa autorización, sino que deben existir sanciones y consecuencias por las acciones que generen conflictos de intereses.
García expresó preocupación porque funcionarios públicos y legisladores, quienes tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública, legislar y fiscalizar al Estado, estén vinculados a situaciones que cuestionen la transparencia y el manejo de los fondos públicos.
El analista señaló que, aunque la suspensión representa una medida, no es suficiente, ya que a su juicio, sin consecuencias adicionales estas prácticas podrían repetirse en el futuro. “Es lamentable que simplemente se les suspenda la autorización para ser proveedores y no que también haya sanciones, porque las consecuencias deben existir”, manifestó.