Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó este jueves que el Ministerio Público no ha llegado a ningún acuerdo con el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ni con los otros imputados en el proceso por presunta corrupción administrativa.
Ortiz explicó que, hasta el momento, no existe ningún convenio formal entre la parte acusadora y los procesados, al ser cuestionada sobre posibles negociaciones dentro del expediente judicial.
“En este momento el Ministerio Público no puede afirmar que tiene ningún tipo de acuerdo porque no existen tales acuerdos”, sostuvo la procuradora, quien reiteró que cualquier decisión de esa naturaleza tendría que ajustarse a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
La representante de la Pepca indicó, sin embargo, que el órgano persecutor mantiene una postura favorable hacia los acuerdos procesales cuando estos cumplen con los requisitos legales y pueden contribuir al desarrollo de los casos.
“Somos proacuerdos y no negamos la posibilidad de que en un futuro, si se dieran las condiciones, pudieran existir esos acuerdos. En este momento no existen”, afirmó Ortiz.
Revisión de medida de coerción
Sobre la audiencia de revisión de la prisión preventiva contra los imputados del caso, la procuradora explicó que el tribunal decidió aplazar el proceso luego de acoger un planteamiento presentado por la defensa.
Ortiz señaló que la posposición permitirá que las partes presenten nuevos elementos y argumentos durante la próxima audiencia, cuyo objetivo es determinar si han cambiado las circunstancias que llevaron a imponer la medida cautelar.
La funcionaria recordó que estas revisiones buscan establecer si permanecen los fundamentos que justificaron la prisión preventiva o si existen nuevas condiciones que permitan modificar la decisión judicial.
Investigación por presunta corrupción en Senasa
El expediente involucra a Santiago Hazim y otros imputados, quienes son señalados por el Ministerio Público de formar parte de una estructura que habría ocasionado pérdidas económicas superiores a los RD$15,900 millones en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los acusados enfrentan imputaciones por delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
En una revisión anterior de la medida de coerción, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió mantener la prisión preventiva al considerar que no habían cambiado las condiciones que dieron origen a la medida.
El tribunal fijó una nueva revisión para evaluar la situación procesal de los imputados y determinar si corresponde mantener o modificar la medida cautelar.