El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a diez años de prisión al pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega tras hallarlo culpable de cometer agresiones contra seis niñas y adolescentes en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, República Dominicana.
El tribunal, presidido por Julio de Los Santos Morla e integrado por Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco, estableció que el condenado debe cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La decisión se adoptó tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Castillo Ortega utilizaba su posición como líder religioso para explotar la vulnerabilidad de las menores que se congregaban en la iglesia donde predicaba. El acusado aprovechaba escenarios de vulnerabilidad para acosar, agredir e intimidar a las víctimas con manoseos en sus partes íntimas, según establece el expediente acusatorio.
Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad y cuatro que actualmente son adultas, dos de las cuales cumplieron la mayoría de edad durante el proceso judicial. Una de las afectadas denunció que fue agredida cuando apenas tenía siete años de edad, según los testimonios recogidos durante el juicio.
El tribunal impuso al condenado una multa de cien mil pesos dominicanos a favor del Estado dominicano, además de una indemnización de un millón de pesos destinada a las víctimas de las agresiones. La fiscal Olivia Sosa estuvo a cargo de la acusación presentada por el Ministerio Público contra el pastor evangélico.
El acta de acusación detalla que el imputado realizaba acciones de carácter inapropiado hacia las niñas y adolescentes, aprovechando su confianza y cercanía con las víctimas que asistían regularmente a las actividades religiosas de la congregación. Su figura como religioso le servía como fachada para cometer los hechos.
El Ministerio Público indicó que los hechos constituyen violaciones a los artículos 330, 333 y 309-1 del Código Penal dominicano, así como a diversas disposiciones de la Ley 136-03, que establece la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en territorio nacional.
La condena se produjo tras un proceso judicial en el que se presentaron múltiples testimonios y evidencias que demostraron la culpabilidad del acusado. Las autoridades judiciales evaluaron cuidadosamente cada una de las denuncias presentadas por las víctimas y sus familias durante las diferentes etapas del proceso legal.
Las autoridades judiciales enfatizaron que este tipo de delitos no quedarán impunes, independientemente de la posición social o religiosa que ostente el agresor. La decisión judicial busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales que enfrentan quienes cometen este tipo de agresiones contra menores de edad en el país.