REDACCIÓN.- El abogado Pascal Peña, experto en derecho internacional y nuevas tecnologías, expresó este martes su respaldo a la norma que busca implementar la Suprema Corte de Justicia sobre protección de datos personales.
Durante su participación en la entrevista central de El Despertador, el abogado dijo que esta política no introduce novedades, sino que refuerza derechos ya establecidos en la Constitución, la Ley 172-13 y tratados internacionales.
“Esta política no trae nada nuevo que ya no existiera. Su objetivo es garantizar una interpretación adecuada de los derechos existentes, como el derecho a la intimidad y la protección de datos personales”, afirmó.
Asimismo, puntualizó que los datos sensibles, como cuentas bancarias o información familiar de personas condenadas, deben ser protegidos para evitar usos indebidos.
El jurista subrayó que el derecho a la información, aunque es fundamental, no es absoluto y tiene límites.
“No estamos hablando de restringir información de interés público, como la de funcionarios que hayan cometido actos ilícitos, pero ciertos datos no deben estar al alcance de todos”.
También destacó el concepto del «derecho al olvido”, aplicado en otros países, que permite desindexar información que ya no tiene interés público.
En cuanto a las críticas sobre la discrecionalidad que la normativa podría dar a los jueces, Peña respondió que esta interpretación está enmarcada en un contexto normativo claro.
“La Ley 172-13 y la Constitución ya establecen qué información puede ser protegida. No se trata de limitar el acceso a información relevante, sino de garantizar que ciertos datos personales no sean mal utilizados”, agregó.
El abogado llamó la atención sobre la responsabilidad de actores estatales, como el Ministerio Público, en la filtración de expedientes que contienen datos privados. «Esto no es legal y podría implicar responsabilidades patrimoniales para el Estado. Es una práctica que debe cesar», puntualizó.