Redacción.-La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió una propuesta, pendiente de votación, para convocar a sus ministros Exteriores para evaluar la situación de Nicaragua. La petición, realizada por Estados Unidos, busca «tomar medidas» ante las pretensiones de su presidente Daniel Ortega de suspender las elecciones.
“Se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, argumentó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en la iniciativa presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, y patrocinada por Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder», declaró la delegación de Estados Unidos en la sesión extraordinaria en la que pidió respaldo por «no poder ser el único país en tomar medidas serias”, agregó Kozak.
La propuesta condena los daños provocados por el Gobierno de Daniel Ortega y propone una reunión de consulta de ministros Exteriores para determinar «qué hacer», pero la iniciativa «no autoriza el uso de la Fuerzas Armadas», aclaró el subsecretario.
«Profunda preocupación»
La sesión comenzó con la intervención de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, que alertó de una persecución religiosa y represión política en el país con la que «han instaurado el miedo en la ciudadanía» al intentar silenciar «sistemáticamente» a los nicaragüenses.
«El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización (en 2023), los nicaragüenses no», dijo.
Payá alertó de las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio cuando afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». También advirtió de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 28 de julio para ampliar el mandato de la copresidencia.
Perú mostró su «profunda preocupación» e hizo un llamado al Gobierno de Ortega a «que desista de realizar acciones que atenten» contra la institucionalidad democrática.
Ecuador valoró que «la facultad de nombrar vicepresidente sin consulta popular corresponde al diseño de una sucesión controlada», mientras que Costa Rica pidió actuar con responsabilidad y Argentina rechazó las pretensiones de Ortega.