Una ciudadana residente en el municipio Luperón, provincia Puerto Plata, denunció este miércoles que lleva más de una década con su cédula de identidad suspendida, situación que le ha impedido ejercer labores formales y acceder a servicios básicos como el seguro médico. Elena Martínez, quien reside en el sector Pueblo Nuevo, pidió públicamente la intervención de la Junta Central Electoral (JCE) para resolver su situación.
Según explicó, esta suspensión afecta tanto a ella como a sus hermanas, debido a un conflicto familiar que, asegura, ya fue solucionado. A pesar de múltiples gestiones y desplazamientos al órgano regulador, el estatus de su documentación permanece sin cambios. «Ya estoy cansada. Voy a la junta de aquí me dicen que tengo que ir a Santo Domingo, voy a Santo Domingo y me dicen que vuelva tal día y luego que vuelva otro día», expresó.
Martínez detalló que, incluso cuando intenta obtener su acta de nacimiento, el sistema le indica que está suspendida. Esto ha obstaculizado por completo su capacidad de regularizar su estatus civil. «Me dicen que vaya a sacar el acta de nacimiento, pero cuando voy a la junta de aquí salgo suspendida, y hasta que no me quiten la suspensión que me tienen en la junta de aquí de Luperón no pueden darme el acta de nacimiento», explicó.
Además del impacto en su vida cotidiana, manifestó su preocupación ante los operativos migratorios que se han realizado en los últimos meses, en medio de los cuales teme ser detenida o trasladada por no contar con documentos válidos que confirmen su estatus legal en el país.
El caso de Elena Martínez pone de manifiesto las consecuencias que puede generar una suspensión prolongada en los registros oficiales. Durante más de diez años, ha visto limitada su posibilidad de integrarse al mercado laboral y acceder a derechos fundamentales como salud, identidad y movilidad.
La denunciante hizo un llamado directo a las autoridades competentes, solicitando que se revise su expediente y se le proporcione una solución definitiva. Mientras tanto, continúa a la espera de una respuesta concreta por parte de la Junta Central Electoral, institución responsable del restablecimiento de sus documentos personales.
Por Jorge Aquino