SANTIAGO.-La situación procesal de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer y exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, tomó un nuevo giro este jueves luego de que el Ministerio Público variara su solicitud original de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, según informaron sus abogados al término de la audiencia de medida de coerción.
Los juristas Ricardo Reyna y Antonio Falete, representantes legales de Vargas Sánchez, explicaron que durante la fase de réplica y contrarréplica el órgano persecutor modificó formalmente sus conclusiones, dejando en manos del tribunal la decisión sobre la medida cautelar que deberá ser impuesta. La jueza tiene previsto emitir su fallo el próximo lunes 29 de junio a las 7:30 de la noche.
La información fue ofrecida por su abogado, Ricardo Reyna, al término de la audiencia de conocimiento de medida de coerción. El jurista explicó que el cambio en la solicitud del órgano acusador responde a la colaboración brindada por su defendida.
«El Ministerio Público acogió nuestro pedimento de variar la solicitud de prisión preventiva por prisión domiciliaria para Dilcia Patricia Vargas. Esperamos seguir colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y que la sociedad dominicana sea resarcida de lo ocurrido en el patronato», expresó Reyna.
“El Ministerio Público cambió su petición de prisión preventiva por arresto domiciliario, lo que representa una variación relevante dentro del proceso. Ahora corresponde a la jueza determinar si acoge o no dicha solicitud”, manifestó la defensa.
“Ella está en actitud de colaboración para contribuir con la investigación y ayudar a determinar quiénes son los verdaderos responsables de estos hechos, con el propósito de que este proceso concluya de la mejor manera posible para las víctimas y para la sociedad dominicana”, expresó Reyna.
Indicó que la defensa solicitó al tribunal la imposición de prisión domiciliaria para Vargas, en lugar de la prisión preventiva de 18 meses requerida por el Ministerio Público.
Los abogados señalaron que desde el inicio del proceso su representada ha mostrado una actitud de cooperación con las autoridades, por lo que consideran que una medida menos severa resulta más proporcional mientras avanzan las investigaciones.
Asimismo, recordaron que la audiencia de este jueves estuvo enfocada en las réplicas y contrarréplicas de las partes, escenario en el cual se produjo la modificación del pedimento inicial del Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva para los imputados.
La decisión final sobre la medida de coerción contra Vargas Sánchez será conocida el próximo 29 de junio, una vez concluya la deliberación en el marco de la Operación Onco-14, caso que investiga un presunto desfalco de recursos destinados al tratamiento de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.