SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.– El Ministerio Público ha presentado un recurso de casación con el objetivo de revertir la decisión judicial que disminuyó la condena al coronel César Maríñez Lora, relacionado con un hecho que conmocionó a la comunidad de Villa Altagracia en el año 2021.
En ese suceso, perdieron la vida por impactos de proyectil Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, una pareja cristiana que se encontraba en su vehículo luego de asistir a una actividad de carácter religioso. La naturaleza de lo ocurrido y la identidad de las personas afectadas causaron gran conmoción en la opinión pública dominicana.
En un primer fallo, Maríñez Lora fue sentenciado a cumplir 20 años de reclusión. No obstante, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal decidió reducir la pena impuesta a 10 años, medida que generó inconformidad entre familiares de las víctimas, miembros de la sociedad civil y representantes de organizaciones defensoras de derechos fundamentales.
En respuesta a esta sentencia, la procuradora general de Corte de Apelación, Fátima Sánchez Guzmán, en coordinación con la fiscal titular de Villa Altagracia, Dalma Díaz, procedieron a introducir un recurso legal con el propósito de lograr la anulación de la decisión tomada por la instancia de apelación. El objetivo del recurso es que se restablezca la sanción original de 20 años de prisión.
El escrito correspondiente fue entregado en la secretaría de la Corte, cumpliendo con las normativas del Código Procesal Penal vigente en la República Dominicana. Este mecanismo jurídico permite al Ministerio Público solicitar la revisión de fallos que considera desproporcionados en relación con los hechos probados durante el juicio.
A partir de este paso, será la Suprema Corte de Justicia la institución encargada de examinar el recurso y emitir una decisión definitiva sobre su procedencia. Esta etapa del proceso judicial podría marcar un nuevo capítulo en un caso que ha sido objeto de seguimiento a nivel nacional desde la noche del 30 de marzo de 2021.
Con esta acción, el Ministerio Público sostiene que toda condena debe reflejar la magnitud del daño causado, especialmente cuando se cuenta con evidencias que establecen responsabilidad penal directa por parte del condenado, según fue valorado en el juicio inicial.