SANTIAGO- El Ministerio Público descartó que la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada estuviera relacionada con el cobro de una deuda o con un incidente en el que resultaran heridos otros involucrados.
Así lo establece la solicitud de medida de coerción presentada por la institución, en la que se precisa que no existe evidencia de que alguna persona distinta a la víctima resultara lesionada durante los hechos.
Esta posición contradice directamente versiones que han circulado en torno al caso y que apuntan a una confrontación previa como origen del incidente que culminó con la muerte del chofer.
El expediente indica además que la persecución contra el chofer se extendió por varios minutos sin que se registrara un evento anterior que evidencie una confrontación relacionada con el cobro de una deuda.
Según la solicitud de coerción, los imputados interceptaron a Deivy Carlos Abreu Quezada mientras este realizaba su ruta laboral, iniciando una persecución que culminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.
La versión fiscal contrasta con lo expuesto por el abogado Carlos Villanueva, representante legal de Kelvin Francisco Metz Cruz y Joanfry Joel Núñez, dos de los imputados en el caso.
El jurista sostuvo que sus clientes no son motoconchistas, sino que trabajan como cobradores para una empresa de préstamos informales, y que fueron vinculados al caso a partir de señalamientos de terceros.
“Han sido sometidos porque existe una investigación abierta, pero no hay pruebas concluyentes que los vinculen directamente con la agresión”, indicó el abogado, quien afirmó que esperan el expediente completo para preparar la defensa.
Sin embargo, el documento oficial no establece la existencia de una deuda como detonante del hecho ni reporta enfrentamientos previos con saldo de heridos más allá de la propia víctima.
La contradicción entre ambas versiones plantea un escenario de disputa jurídica en el que la fiscalía y la defensa presentan interpretaciones opuestas sobre el origen y desarrollo de los hechos.
El caso continúa su curso en el sistema judicial de Santiago, mientras las partes aguardan el acceso al expediente completo para definir sus estrategias dentro del proceso formal.
