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Millonario fraude al Senasa: cinco imputados buscan negociar con la Fiscalía

15 de julio de 2026
Millonario fraude al Senasa: cinco imputados buscan negociar con la Fiscalía

SANTO DOMINGO, RD.- Cinco de los diez imputados de presuntamente desfalcar al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por más de RD$15,000 millones han manifestado interés en acercarse al Ministerio Público para negociar un acuerdo penal abreviado, admitiendo su culpabilidad.

Ante esa posibilidad, representantes de la sociedad civil exhortaron al Ministerio Público a actuar con rigor y transparencia durante cualquier proceso de negociación con los implicados.

Según ha trascendido, hasta el momento son cinco los encartados que han mostrado disposición de colaborar con el órgano acusador para negociar su situación procesal. No obstante, no se descarta que otros imputados en el caso de presunta corrupción y desfalco al Senasa también busquen un acercamiento con las autoridades.

Desde Participación Ciudadana consideran que estos aportes podrían contribuir a esclarecer los hechos y agilizar el proceso judicial, siempre que la colaboración sea efectiva y permita fortalecer la investigación.

Juristas consultados explicaron que este tipo de negociaciones están contempladas en la legislación y pueden realizarse en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte una sentencia de fondo.

El grupo de imputados está encabezado por el exdirector ejecutivo de la entidad, Santiago Marcelo Hazim, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros.

También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del Senasa. Esa colaboración les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Para el próximo 30 de julio, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.