SANTO DOMINGO, RD- Ante el anuncio de una huelga por parte de jueces y servidores judiciales en demanda de mejoras laborales, diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad jurídica alertan sobre las graves consecuencias institucionales de paralizar el sistema de justicia, recordando que el acceso a la justicia no es un lujo administrativo, sino un pilar fundamental de la democracia y un servicio público esencial.
El debate actual encuentra un claro límite legal y constitucional en el precedente sentado por el Tribunal Constitucional (TC) en el año 2019. En aquella ocasión, al fallar sobre un conflicto relacionado con las paralizaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el máximo tribunal del país estableció un principio inequívoco: cuando el derecho a protesta de un gremio colisiona con un servicio público esencial, el interés colectivo debe prevalecer.
Aquel fallo privilegió de forma contundente el derecho a la educación de los niños y jóvenes, argumentando que los usuarios de un servicio esencial no pueden convertirse en rehenes de un conflicto laboral. Este razonamiento es directa y estrictamente aplicable a la situación que hoy amenaza al Poder Judicial.
La suspensión de labores en los tribunales no equivale al cierre de una oficina administrativa cualquiera. Una huelga judicial tiene un impacto humano y social devastador, ya que suspende de forma indefinida garantías constitucionales y libertades públicas.