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Juristas analizan el rol del Tribunal Constitucional en la protección de la Constitución económica

29 de julio de 2026
Juristas analizan el rol del Tribunal Constitucional en la protección de la Constitución económica

Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) realizó la sexta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial, un espacio académico donde juristas analizaron el papel de esta alta corte en la protección de la Constitución económica y su incidencia en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Durante el panel “El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución económica”, especialistas debatieron sobre el conjunto de normas que regulan la vida económica del Estado y el rol del TC como garante del orden constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, afirmó que las sentencias emitidas por la corte han contribuido a definir los principios del régimen económico constitucional, fortaleciendo la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y un ambiente favorable para la inversión, la actividad empresarial y el desarrollo humano.

Estévez Lavandier explicó que la Constitución dominicana busca que el crecimiento económico se desarrolle bajo criterios de igualdad, legalidad, sostenibilidad y respeto al interés general.

La actividad fue dedicada a la memoria del jurista y profesor Juan Manuel Guerrero de Jesús, a quien el magistrado presidente destacó por sus aportes a la doctrina constitucional, su excelencia académica y su compromiso con la justicia.

En el encuentro participaron como expositores el magistrado Amaury A. Reyes Torres, juez del TC; el jurista y catedrático Eduardo Jorge Prats; la abogada y ejecutiva de Manzanillo Gas & Power, Mónika Infante; y el jurista Luis Miguel Pereyra. La moderación estuvo a cargo de Anyarlene Bergés, abogada y ejecutiva de INICIA.

La jornada reunió a jueces, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil, estudiantes y servidores del sistema de justicia, con el objetivo de promover la integridad judicial y fortalecer los valores institucionales que sustentan la democracia y el Estado de derecho.