Redacción.- Nicolás Maduro cumple este viernes seis meses bajo custodia de Estados Unidos. Desde su captura en Caracas, el 3 de enero, y su posterior traslado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, el dictador venezolano ha pasado de dirigir un régimen a estar acusado de narcotráfico, corrupción y represión, convirtiéndose así en uno de los procesados más complejos de la Justicia federal estadounidense.
Su expediente se ha ampliado en pocos meses. Maduro sigue detenido en Brooklyn, sin fecha de juicio, mientras su defensa prepara una ofensiva para cuestionar no solo las acusaciones de narcoterrorismo, sino la legalidad de la operación militar que permitió llevarlo ante un tribunal de Manhattan. Al mismo tiempo, se enfrenta a una segunda investigación penal en Miami por posibles operaciones de blanqueo y una nueva demanda civil en Brooklyn que le atribuye responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas venezolanas.
La causa principal es por la vía penal y se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos relacionados con armas. La acusación sostiene que ambos participaron en una estructura de poder vinculada al llamado Cártel de los Soles, una red que, según la Fiscalía, utilizó instituciones venezolanas para proteger y facilitar el tráfico internacional de cocaína.
El sumario procede de una acusación revelada en 2020 y que Washington utilizó después como una de las bases legales de la operación de enero. La Fiscalía sostiene que Maduro se sirvió de las estructuras del Estado venezolano para proteger a narcotraficantes, facilitar rutas de salida de cocaína y mantener vínculos con grupos armados colombianos y redes criminales interesadas en introducir droga en Estados Unidos.
Pero el proceso avanza con gran lentitud. La audiencia prevista para el 30 de junio fue aplazada al 22 de julio por petición conjunta de la Fiscalía y de la defensa. El Gobierno alegó problemas de seguridad, transporte y logística, además de la necesidad de continuar entregando pruebas a los abogados de los acusados. Ambas defensas aceptaron el aplazamiento.