Santo Domingo.- El presidente de Opción Democrática y exdiputado, José Horacio Rodríguez, cuestionó varios aspectos del proyecto de Código Penal, al considerar que la pieza establece privilegios para funcionarios públicos y partidos políticos que, a su juicio, contradicen el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Rodríguez afirmó que, si todas las personas son iguales ante la ley, no se justifica que determinados sectores queden exentos de asumir responsabilidades penales o reciban un trato diferenciado. El dirigente político criticó especialmente las disposiciones que, según dijo, buscan proteger a los funcionarios públicos mediante figuras penales como el delito de ultraje, argumentando que estos servidores, por la naturaleza de sus cargos, deben estar sometidos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la ciudadanía y no contar con privilegios adicionales.
Asimismo, señaló una supuesta contradicción entre el discurso del oficialismo y el contenido del Código Penal. Recordó que el Gobierno había promovido iniciativas para combatir el ingreso de dinero ilícito y del narcotráfico en la política, pero aseguró que el nuevo código deja sin responsabilidad penal a los partidos políticos, incluso si, con conocimiento de causa, presentan candidatos presuntamente financiados con recursos provenientes del crimen organizado.
Rodríguez sostuvo que esa falta de consecuencias jurídicas representa una incoherencia con los esfuerzos anunciados para fortalecer la transparencia en el sistema político. En materia de libertad de expresión, el presidente de Opción Democrática reiteró su rechazo al delito de ultraje y explicó que su organización propone eliminar esa figura del Código Penal, siguiendo el ejemplo de otros países como Argentina, que derogó un tipo penal similar en 1993.
A su entender, el delito de ultraje constituye un privilegio exclusivo para funcionarios públicos, ya que no protege de la misma manera a periodistas, comunicadores o ciudadanos particulares. Además, consideró desproporcionadas las sanciones contempladas, al señalar que incluso expresiones o gestos dirigidos a un funcionario podrían acarrear penas de entre 15 días y un año de prisión.
Finalmente, Rodríguez insistió en que quienes ocupan cargos públicos deben aceptar un mayor nivel de crítica y fiscalización ciudadana como parte del ejercicio de sus funciones, en lugar de contar con mecanismos legales que, según afirmó, limiten el escrutinio público.