Santo Domingo.- El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, respaldó la petición de distintos sectores de extender el período de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que la normativa contradice criterios fijados por el Tribunal Constitucional (TC) y la jurisprudencia sobre libertad de expresión.
“El Código contradice los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, especialmente cuando se refiere a denunciar el accionar de los funcionarios públicos”, sostuvo Bonilla, quien advirtió sobre el riesgo de que la legislación pueda utilizarse como un mecanismo de control político y social mediante la amenaza de acciones penales.
El jurista explicó que el Código Penal debe ser sometido a un examen integral por expertos y distintos sectores, con el objetivo de corregir disposiciones que, a su juicio, podrían afectar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la convivencia democrática.
Bonilla afirmó que durante la aprobación de la ley fueron incorporadas nuevas figuras penales que representarían una amenaza a las garantías constitucionales y un posible quebrantamiento del bloque de constitucionalidad, por lo que entiende que deben ser revisadas antes de su aplicación.
Recordó que la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026.
Asimismo, señaló que una de las entidades que ha solicitado al Poder Ejecutivo extender el período de vacatio legis es la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), al considerar que existen inquietudes planteadas por sectores de la comunidad jurídica, académica, la comunicación y el sistema de justicia.
El exfuncionario del Ministerio Público también advirtió que, en el contexto actual, algunas disposiciones relacionadas con los delitos contra el honor podrían convertirse en una amenaza para la libertad de opinión y la libre expresión del pensamiento.
Finalmente, sostuvo que atender estos cuestionamientos es necesario para preservar el clima democrático y evitar que la legislación sea utilizada con fines distintos a los establecidos por la Constitución.