Santo Domingo.- La Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi logró la libertad de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva, en un caso calificado como sin precedentes y considerado una de las más graves vulneraciones de derechos fundamentales registradas en el sistema de justicia penal dominicano.
El ciudadano estuvo recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, bajo una medida de prisión preventiva que se prolongó durante casi dos décadas, sin que existiera una sentencia definitiva que resolviera su situación jurídica.
La irregularidad fue detectada por defensores públicos de Montecristi, quienes asumieron su representación legal, revisaron el expediente y realizaron las diligencias necesarias para reconstruir y actualizar el historial procesal del caso.
Durante la investigación, los abogados encontraron informes médicos que acreditaban una condición de salud mental del interno y comprobaron que, en 2009, el Ministerio Público y la Defensa Técnica solicitaron la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables. Sin embargo, la petición fue rechazada y el tribunal suspendió la acción penal hasta que el imputado recuperara su salud mental, decisión que terminó convirtiéndose en un limbo judicial de casi 20 años.
La Defensa Pública calificó el caso como una grave violación al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a la libertad, al mantener a una persona privada de libertad durante casi dos décadas sin una decisión judicial definitiva.
Como parte de su estrategia legal, los defensores interpusieron una acción de hábeas corpus y posteriormente un recurso de apelación, acciones que culminaron con una sentencia favorable emitida por la Corte el 25 de febrero de 2026, ordenando la inmediata puesta en libertad del ciudadano.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el caso reafirma el compromiso de la institución con la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.
«La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales son principios que orientan nuestro trabajo diario», expresó.
La institución destacó que este caso obliga a reflexionar sobre los mecanismos de control y seguimiento dentro del sistema penal, al tiempo que resalta la importancia de una vigilancia permanente para evitar que una persona permanezca privada de libertad al margen de los principios constitucionales que sustentan el Estado de derecho.