SANTO DOMINGO. – La comisión creada por la Ley 16-26 aprobó el protocolo que regirá el proceso de revisión de expedientes para el reconocimiento y eventual pago de las deudas pendientes con contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal, desde el 1996. Con esta decisión, las autoridades dan inicio a la aplicación práctica de la legislación promulgada este año.
El protocolo establece los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que deberán cumplir los expedientes antes de ser evaluados por la comisión, integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas. El proceso contempla la revisión y validación de las reclamaciones antes de autorizar cualquier desembolso.
La Ley 16-26 fue promulgada el 1 de mayo de 2026 con el propósito de crear un mecanismo para reconocer deudas acumuladas por obras ejecutadas para distintas instituciones públicas que, por diversas razones administrativas, quedaron pendientes de pago, incluyendo casos sin contratos formalizados o con documentación incompleta.
De acuerdo con datos difundidos durante la discusión de la normativa, más de 600 personas físicas y jurídicas podrían acogerse al proceso. Entre las instituciones con reclamaciones figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entre otras.
Con la aprobación del protocolo, la comisión comenzará la recepción, análisis y depuración de los expedientes para determinar cuáles cumplen con los requisitos legales y técnicos establecidos por la Ley 16-26. Solo las reclamaciones que superen ese proceso de validación podrán avanzar hacia la autorización de pago.