SANTO DOMINGO.- Un juez del Distrito Nacional le impuso medidas de coerción a un hombre que, haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio, estafó a varias personas.
Al imputado Enercido Amaurys Heredia González le fue impuesta una garantía económica de RD$400 mil, a través de una compañía aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
Los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado representaron al Ministerio Público durante la audiencia, donde el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso las medidas de coerción al imputado, quien enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y crímenes y delitos de alta tecnología.
El imputado fue arrestado el pasado mes de abril en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, en plena ejecución del esquema fraudulento.
En el transcurso de las investigaciones han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas, con perjuicio económico que asciende a decenas de miles de pesos dominicanos, además de una extorsión tentada de RD$150 mil.
Durante las pesquisas se ha establecido que el imputado Heredia González, durante al menos los últimos dos años, operó de manera sistemática un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión.
El Ministerio Público indicó que el imputado se hacía pasar por abogado habilitado y por fiscal del Ministerio Público, condición que no posee, según certificaciones oficiales.
Para cometer los hechos, utilizaba un número de WhatsApp con el logo del Ministerio Público, desde el cual enviaba citaciones falsas a sus víctimas, involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrar honorarios o extorsionar bajo amenazas de arresto.
Heredia González figura como estudiante de Derecho, sin título profesional, y durante un registro se le ocupó su carné de estudiante.
El imputado también ofrecía supuesta representación legal, cobrando sumas en pesos y dólares, y llegó a negociar honorarios que redujo de RD$300,000 a RD$40,000, solicitando un anticipo de RD$10,000.
El pasado 29 de abril de 2026, el procesado se presentó con una víctima al edificio del Ministerio Público, insistiendo en cobrar el saldo restante y utilizando información personal de su entorno familiar como presión, siendo finalmente arrestado en flagrante delito.
Posteriormente, el Ministerio Público procedió con su sometimiento a la justicia y solicitó que le fuera impuesta prisión preventiva por un año.