SANTO DOMINGO, RD.- La decisión de la procuradora general de la República de poner en marcha una investigación para establecer si la Fiscalía de Género a la que acudió Esmeralda Moronta a denunciar a su agresor agotó los protocolos de protección correspondientes ha generado un debate entre juristas.
El asesinato de Esmeralda Moronta en las inmediaciones de esta Fiscalía de Violencia de Género ha puesto en cuestionamiento los protocolos de protección aplicados por las autoridades tras recibir denuncias por casos de violencia.
La controversia llevó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, a ordenar una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este agotó los mecanismos de protección correspondientes tras recibir la denuncia de la víctima.
Aunque no se ha establecido si Esmeralda Moronta había interpuesto querellas previas contra su presunto agresor, juristas señalan que, en caso de existir denuncias anteriores, debieron activarse las medidas de protección previstas en los protocolos correspondientes.
Otros consideran que, aunque la investigación ordenada por la procuradora es pertinente, no existe ningún protocolo judicial capaz de modificar la conducta o la mentalidad de un feminicida.
De confirmarse que se incumplieron los mecanismos de protección establecidos, los fiscales podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias e incluso a destituciones.