La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha iniciado un proceso legal en contra de la comunicadora Ingrid Jorge y el abogado Ángel Martínez, a quienes acusa formalmente de difamación e injuria.
La querella fue presentada ante la Procuraduría General de la República, luego de que ambos hicieran afirmaciones públicas que, según la ministra, atentan contra su honor y reputación. Las declaraciones se difundieron a través de medios de comunicación y redes sociales, y forman la base de la acción judicial emprendida por Raful.
En sus declaraciones, Ingrid Jorge y Ángel Martínez indicaron que supuestamente están en posesión de videos de carácter íntimo en los que, según ellos, estarían involucradas la ministra Faride Raful y la también exfuncionaria Milagros Germán. Estas afirmaciones fueron hechas de manera pública y han circulado ampliamente, lo que generó la respuesta legal de Raful ante lo que considera una afectación directa a su integridad.
La medida adoptada por la titular de Interior y Policía busca que las autoridades competentes investiguen las declaraciones difundidas y determinen si estas constituyen una vulneración de derechos protegidos por la ley. El proceso se tramita conforme al marco jurídico vigente en la República Dominicana.
El caso ha captado la atención de distintos sectores debido al perfil público de las personas involucradas y la naturaleza de las acusaciones. Hasta el momento, ni Ingrid Jorge ni Ángel Martínez han emitido comentarios oficiales adicionales sobre la querella presentada en su contra.
Faride Raful, al ejercer esta acción, ha optado por un camino institucional para enfrentar las imputaciones que considera infundadas y perjudiciales. Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales evalúen los elementos aportados por la parte querellante y determinen los pasos legales que corresponden conforme al proceso.
El Ministerio Público deberá ahora revisar las declaraciones ofrecidas por los señalados, así como cualquier material que haya sido citado como evidencia, con el objetivo de establecer si existe una base legal para continuar con la causa.
Este caso se desarrolla dentro del contexto de protección a los derechos individuales, entre ellos el derecho al honor y la buena reputación, tal como están establecidos en la legislación dominicana. Se mantendrá la expectativa sobre cómo avanzará el proceso en los próximos días.