República Dominicana, Santo Domingo. Las autoridades del país, mediante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), llevaron a cabo la extradición de Rafael Ricardo Espinal Abreu, conocido como El Fuerte, quien enfrenta acusaciones por delitos vinculados al narcotráfico en territorio estadounidense.
El procedimiento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG), donde Espinal Abreu, de 54 años, fue entregado a oficiales norteamericanos. Posteriormente, fue trasladado en un vuelo comercial hacia Estados Unidos, país que solicita su presencia para enfrentar los cargos que se le imputan.

La entrega se realizó en cumplimiento del decreto presidencial 372-25, tras su captura en la calle Carmen Natalia, en San Pedro de Macorís, cumpliendo con la orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Este proceso formalizó la coordinación legal requerida para su traslado internacional.
Espinal Abreu es requerido por un tribunal del Distrito Sur de la Florida, que le imputa cargos por asociación delictuosa con fines de poseer, distribuir e importar cinco kilogramos o más de sustancias que contenían cocaína, en violación del título 21 del Código de Estados Unidos, normativa que regula los delitos federales relacionados con narcóticos.

La operación se enmarca dentro de la estrategia de cooperación judicial entre República Dominicana y Estados Unidos, destinada a reforzar el combate contra el narcotráfico transnacional y la criminalidad organizada. Esta coordinación permite ejecutar acciones conjuntas para enfrentar delitos que afectan a ambos países.
Desde hace varios años, ambas naciones mantienen un acuerdo de colaboración que facilita la búsqueda, captura y posterior extradición de ciudadanos acusados de delitos de alto impacto. Este mecanismo ha permitido fortalecer la aplicación de la justicia y la seguridad regional, asegurando que los procesados respondan ante tribunales competentes.
Según las autoridades dominicanas, estas acciones reflejan la continuidad de los esfuerzos institucionales para cumplir con los compromisos internacionales en materia de justicia y seguridad, garantizando que los prófugos sean presentados ante los procesos judiciales correspondientes en las jurisdicciones que los requieren.
El procedimiento reafirma la cooperación bilateral y la capacidad de coordinación entre organismos de ambos países para atender casos de relevancia criminal y narcotraficante, siguiendo los protocolos legales establecidos para la extradición internacional.
