Dos mujeres y dos hombres resultaron con múltiples lesiones tras ser agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector Pueblo Nuevo de Nagua.
Este incidente ha generado indignación en la comunidad y fue captado en video, mostrando el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.
Michel Estefany Espinal David y Suderka Félix Paulino fueron las principales afectadas del incidente.
Espinal David presenta traumas en el brazo y mano derechos, además de lesiones en la glándula mamaria izquierda y laceraciones en la pierna derecha.
Por su parte, Félix Paulino muestra traumas contusos en ambas extremidades superiores, pierna izquierda y equimosis visibles.
Según el testimonio de las víctimas, todo comenzó cuando los agentes llegaron al lugar lanzando bombas lacrimógenas sin previo aviso frente al negocio de una vendedora de desayunos identificada como Nuris.
Al intentar auxiliar a la señora y cuestionar el procedimiento policial, fueron agredidas con gas pimienta y sometidas con violencia excesiva, quedando todo registrado en video.
El incidente también afectó a dos hombres, incluyendo a Heriberto García Salazar, hermano de un periodista de CDN, quienes fueron detenidos y posteriormente hospitalizados en el Policlínico La Unión debido a la gravedad de sus lesiones.
Un menor de tres años quedó momentáneamente solo en una vivienda durante el incidente, teniendo que ser auxiliado por vecinos.
La abogada y periodista Teonilda Gómez, junto al Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), han denunciado que estas acciones violan la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y de género.
Las víctimas ya presentaron una denuncia formal ante la fiscalía, mientras la comunidad exige sanciones ejemplares contra los agentes involucrados.
Los testimonios recogidos revelan que los agentes actuaron sin protocolo alguno, utilizando fuerza excesiva contra civiles desarmados.
Videos del incidente muestran a policías sosteniendo violentamente por el cabello a una de las mujeres, además del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas en una zona residencial.
El caso ha generado un amplio debate sobre el uso de la fuerza policial y el respeto a los derechos humanos, mientras organizaciones locales y nacionales exigen una investigación exhaustiva y medidas disciplinarias contra los responsables de estas agresiones.
