El presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel Mercedes, calificó como una mala práctica del sistema judicial dominicano la reciente condena y prisión preventiva impuesta a un joven que pasó 22 meses encarcelado sin pruebas en su contra, en violación a lo establecido por el artículo 337 del Código Penal.
El caso corresponde a Edwin Aníbal Batista Henríquez, chef ejecutivo con 18 años de experiencia en hoteles y villas, acusado de presunta estafa, asociación de malhechores y falsificación de documentos en perjuicio de particulares y de la empresa Shellfish del Caribe.
El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia lo absolvió de todas las imputaciones por falta de pruebas, ordenando su libertad mediante la sentencia No. 340-04-2025-SPEN-00173.
Batista permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2023, sin que se le otorgara libertad condicional, pese a tener arraigo laboral y familiar. “Me robaron 22 meses de vida”, declaró el eximputado, anunciando que demandará a las empresas querellantes y al Estado dominicano por daños y perjuicios.
El chef afirmó que su proceso judicial se originó por un conflicto comercial en el que no participó, pero que afectó gravemente su reputación profesional. Mercedes advirtió que este caso refleja un patrón repetido en el país, donde personas son privadas de libertad por largos periodos y luego absueltas, sin recibir compensación por el tiempo perdido. “Aquí no hay sanciones para los fiscales que contribuyen a que un ciudadano permanezca en prisión preventiva sin pruebas, a pesar de que la presunción de inocencia es un principio universal”, señaló.
El defensor explicó que la ley permite al joven absuelto demandar al Estado y al Ministerio Público por acusaciones sin fundamento. Recordó que en el país no existe antecedente de un fiscal condenado por someter a una persona de forma temeraria.
Criticó también el rol de los jueces que dictan prisión preventiva con expedientes débiles, cuando el Código Procesal Penal contempla medidas menos restrictivas como presentación periódica o arresto domiciliario. “Los jueces están aplicando la prisión por adelantado, lo cual es ilegal y agrava la violación de derechos del ciudadano”, sostuvo.
Mercedes indicó que entre el 65 % y el 75 % de la población carcelaria está en prisión preventiva, lo que atribuye a la falta de ponderación judicial y a la práctica del Ministerio Público de solicitar esta medida en la mayoría de los casos, incluso cuando no hay pruebas suficientes para sostener la acusación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrece asistencia legal gratuita a víctimas de estos abusos, con el objetivo de que demanden a fiscales y querellantes particulares. “Hay que enviar un mensaje claro: acusar sin pruebas no puede quedar impune”, concluyó.