Santo Domingo.- Durante el conocimiento de la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presunto soborno, su defensa técnica presentó dos incidentes ante el tribunal que preside la jueza Ysis Muñiz.
El primero de los recursos busca apartar del proceso al procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, mientras que el segundo solicita la nulidad del documento de solicitud de medida de coerción, alegando falta de competencia tanto de Camacho como de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para dirigir la investigación.
La defensa argumenta que, por tratarse de un fiscal, el caso debió ser investigado por un procurador de corte, señalando como competente a José del Carmen Sepúlveda. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que este tipo de planteamientos han sido rechazados reiteradamente en los tribunales, bajo el criterio de que la institución es un órgano único e indivisible, conforme a la Constitución y las leyes vigentes.
La magistrada Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conoce este martes la solicitud de coerción contra Valdez Alcántara, quien está acusado de haber recibido un soborno de 10,000 dólares mediante una entrega controlada.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva mientras continúa la investigación. Según el expediente, el imputado habría exigido inicialmente 200,000 dólares a una persona bajo investigación, suma que luego redujo a 150,000 dólares, además de mostrar interés en un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
La procuradora general calificó el hecho como “muy grave” y reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro del órgano persecutor. “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”, expresó Reynoso, al tiempo que aseguró que se buscarán sanciones ejemplarizadoras.
De acuerdo con la acusación, la negociación habría sido realizada con Roberto Canaán, quien figura como testigo del Ministerio Público en el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El fiscal permanece detenido desde el pasado 27 de marzo, y tras varios aplazamientos y una recusación contra la jueza, suma más de un mes en prisión preventiva. A 38 días de su arresto, se espera que finalmente el tribunal avance en el conocimiento de la medida de coerción.