Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tiene previsto conocer este martes, a las 11:00 de la mañana, la audiencia de conciliación correspondiente a la querella por difamación e injuria presentada por el abogado Carlos Balcácer contra la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, luego de que el proceso fuera aplazado en dos ocasiones.
El tribunal, integrado por los jueces Francisco Jerez Mena, Frank Soto, María Garabito y Yorlin Vásquez, reprogramó la audiencia después de acoger una solicitud de la parte querellante, debido a la ausencia de Balcácer en la última convocatoria.
Según explicó su representante legal, el jurista no pudo comparecer porque participaba simultáneamente en otra audiencia judicial celebrada en la provincia La Vega, por lo que solicitó un nuevo aplazamiento para garantizar su presencia.
La petición fue objetada por el defensor público Luis Ernesto Cuevas, quien representa a Mirna Ortiz. El abogado sostuvo que Balcácer había sido debidamente citado desde la audiencia anterior y consideró que no se presentó una justificación suficiente para suspender nuevamente el proceso.
Pese a esa oposición, los magistrados decidieron fijar la audiencia para este martes, fecha en la que se espera la comparecencia del acusador privado para continuar con la etapa de conciliación prevista en el proceso.
La acción judicial fue interpuesta por Carlos Balcácer, integrante del equipo de defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, a raíz de declaraciones ofrecidas por Mirna Ortiz el pasado 18 de febrero sobre la estrategia jurídica desplegada durante el juicio de corrupción que enfrenta el exfuncionario.
Balcácer sostiene que esas declaraciones lesionaron su honor y reputación, por lo que presentó una acusación privada por difamación e injuria.
Por su parte, Ortiz ha sostenido que sus pronunciamientos fueron emitidos en el ejercicio de sus funciones como representante del Ministerio Público y dentro del contexto de un proceso de alto interés público relacionado con la persecución de la corrupción administrativa.