En la audiencia preliminar del lunes 6 de abril, el Ministerio Público presentó 84 pruebas testimoniales, 35 periciales, 40 documentales, 5 materiales y 179 actuaciones procesales.
La acusación formal sostiene que los imputados incurrieron en homicidio involuntario y en golpes y heridas involuntarias, hechos en los que murieron 236 personas. Varios querellantes y víctimas quieren que se cambie la calificación jurídica a homicidio.
Además, el órgano acusador solicitó la emisión de auto de apertura a juicio, el mantenimiento de la medida de coerción contra los hermanos Espaillat y la continuidad de las medidas cautelares, como la inmovilización de productos bancarios y la oposición al traspaso de bienes.
Según el expediente, en su condición de responsables de la operación del establecimiento ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat habrían incurrido en violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.