Mientras que para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa de Lora Cruceta, el órgano acusador solicita arresto domiciliario. Asimismo, pide que el expediente sea declarado de tramitación compleja, debido a la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de imputados y las posibles penas contempladas por la legislación.
La investigación del Ministerio Público sostiene que la estructura ejecutó múltiples maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre los hechos investigados figuran fraude clínico y farmacéutico mediante la modificación de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsificados, doble facturación al SeNaSa, entrega incompleta de medicamentos y comercialización de fármacos donados.
El expediente también incluye contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos de gastos, sabotaje informático, robo de archivos y lavado de activos.