SANTO DOMINGO.– El joven Jean Andrés Pumarol fue enviado este lunes a la cárcel pública de Higüey por un período de tres meses como medida de coerción, luego de que se le imputara responsabilidad en el violento ataque ocurrido el pasado miércoles en el sector Naco, en el Distrito Nacional, que dejó como saldo una mujer muerta y cinco personas heridas.
La decisión fue adoptada por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras evaluar las evidencias preliminares presentadas por el Ministerio Público, que incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad y declaraciones médicas que sustentan la gravedad del hecho.
Según las investigaciones, Pumarol, en un presunto episodio de alteración mental, agredió de forma indiscriminada a varios vecinos del residencial Naco Dorado IV, incluyendo a la señora Ivonne Handal Abugabir, quien perdió la vida a causa de heridas de arma blanca. Otras cinco personas resultaron lesionadas durante el ataque, algunas de ellas de gravedad.
El caso ha causado profunda consternación en la opinión pública, no solo por la violencia del acto, sino también por la identidad del agresor, quien es hijo del reconocido golfista dominicano Willy Pumarol.
Este hecho ha sido ampliamente cubierto por los medios y ha generado llamados a revisar los protocolos de atención a personas con trastornos de salud mental.
Durante la audiencia, la defensa de Pumarol argumentó que el joven padece de problemas psiquiátricos, y solicitó su envío a un centro especializado en lugar de prisión preventiva.
Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de mantenerlo en prisión por el peligro que representa para la sociedad, al menos mientras se profundiza la investigación.
La medida de coerción deberá ser revisada en los próximos tres meses, tiempo durante el cual las autoridades continuarán reuniendo pruebas para formalizar la acusación.
Entretanto, Jean Andrés permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario de Higüey.
El caso continúa bajo investigación y se mantiene en el centro del debate público, especialmente en torno a la salud mental, la prevención de la violencia y la responsabilidad penal en situaciones de trastorno psicológico.