Santiago — En el sector Cienfuegos, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Rafaela Jiminián de Cruz enfrenta momentos de incertidumbre luego de que se ordenara el desalojo inmediato del plantel debido a riesgos estructurales detectados en sus instalaciones.
La medida fue tomada tras un informe técnico emitido por el departamento de infraestructura del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Dicho informe calificó la situación como una emergencia de alto riesgo, lo que obligó al cierre del centro, que actualmente alberga a 944 estudiantes.
Uno de los aspectos más críticos identificados es que la edificación fue levantada sobre una cañada, un factor que no fue considerado con suficiente atención en el momento de su construcción y que ahora representa una amenaza directa para la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La directora del centro educativo, Rafaela Toribio, expresó: “Las autoridades nos informaron que debíamos evacuar inmediatamente. Por eso mandamos a los niños a sus casas”. Sus declaraciones reflejan el desconcierto y la preocupación que se han apoderado de toda la comunidad escolar.
Ante esta situación, el personal docente ha optado por continuar el año escolar desde un espacio prestado en un politécnico de la zona. Aunque dicho lugar no cuenta con las condiciones adecuadas para una jornada educativa completa, los maestros se han comprometido a no interrumpir el proceso de enseñanza mientras se definen soluciones permanentes.
No obstante, la directora advirtió que debido al alcance del daño, es poco probable que los trabajos necesarios concluyan a tiempo para permitir el inicio del próximo año escolar en las instalaciones afectadas.
Las grietas visibles en columnas y paredes de los dos niveles del edificio confirman la inestabilidad de la estructura, generando un dilema inmediato para las autoridades: intervenir con reparaciones profundas o proceder con una reconstrucción completa del plantel.
Preocupados por la seguridad y la educación de sus hijos, varios padres han exigido respuestas claras y soluciones eficaces. Algunos manifestaron que esta situación pudo haberse evitado si se hubieran realizado inspecciones periódicas en el centro educativo.
Frente a este panorama, el Ministerio de Educación deberá definir una estrategia que garantice tanto la seguridad como la continuidad académica de los más de 900 estudiantes afectados, y establecer un plan de acción que devuelva la confianza a una comunidad que se siente desprotegida.