SANTO DOMINGO, RD- Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, enfatizó que la suspensión de registros de proveedores a funcionarios públicos en régimen de incompatibilidad es una práctica recurrente y una medida preventiva de la institución. Pimentel aclaró que esta acción se ha llevado a cabo de forma continua desde 2020 y no constituye una novedad.
Ante las reacciones de legisladores y funcionarios sobre la forma en que se ha difundido esta información, Pimentel señaló que la Dirección no emite notas de prensa para notificar cada suspensión de registros, dado que es un acto público que cualquier ciudadano puede consultar en la página oficial.
Carlos Pimentel reiteró que esta suspensión no implica que los funcionarios afectados hayan contratado, tenido contratos o resultado beneficiados; la medida se aplica simplemente porque dichas empresas están inhabilitadas para contratar con el Estado bajo el actual régimen de incompatibilidad.
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley 47-25, la Dirección realizó un nuevo cruce de datos que permitió identificar a empresas proveedoras cuyos socios funcionarios, anteriormente en situación de incompatibilidad pero con participaciones accionarias inferiores al 10%, no pudieron ser suspendidas bajo la legislación anterior, pero sí bajo el nuevo marco legal.