
SANTIAGO.- Fue aplazada por segunda ocasión la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, imputados en el caso derivado de la Operación Onco14, luego de que el abogado de uno de los acusados no se presentara ante el tribunal.
La jueza Stefany Reyes Santiago, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, reprogramó la audiencia para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 de la tarde, con lo que suman dos los aplazamientos registrados en el proceso. La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la suspensión obedeció a la ausencia del abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró, representante legal de Héctor Antonio Lora Cruceta.
“En la audiencia de hoy, el Ministerio Público vino una vez más listo para el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, los abogados de las defensas decían no estar preparados y en el caso de Héctor Lora su abogado no se presentó”, manifestó Ortiz al concluir la audiencia. Agregó que la magistrada advirtió a la defensa que una nueva ausencia injustificada podría derivar en una declaración de abandono.
La representante del Pepca aseguró que el Ministerio Público está preparado para conocer el proceso en la próxima audiencia y destacó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) figura entre las principales víctimas del presunto entramado de corrupción.
“El SeNaSa es una de las víctimas más afectadas por todas las acciones delictivas que se cometieron en el Oncológico y, en su calidad de víctima, también ha presentado querella y formará parte de este proceso”, afirmó.
Ortiz adelantó además que las investigaciones continúan abiertas y que podrían producirse nuevas detenciones y allanamientos. “Vendrán más apresamientos, vendrán más allanamientos porque continúa la investigación”, expresó.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato. El Ministerio Público los investiga por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.
