Santo Domingo.- Fue aplazada para el próximo martes la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Franklin José Almánzar Escarramán, acusado de ejercer la odontología sin exequátur y de provocar lesiones permanentes a una paciente durante un procedimiento quirúrgico en La Vega.
La información fue confirmada por la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, quien explicó que el aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa, con el objetivo de presentar los presupuestos correspondientes.
El Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva contra el imputado, al considerar que existen elementos suficientes que lo vinculan con los hechos.
De acuerdo con la acusación, Franklin José Almánzar, de 51 años, habría ejercido de forma ilegal la odontología en el consultorio de su hermano, el odontólogo William Radhamés Almánzar Escarramán, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, provincia La Vega.
Ambos fueron arrestados mediante orden judicial tras entregarse voluntariamente ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional. El primero está acusado de ejercicio ilegal de la profesión, mientras que su hermano enfrenta cargos por presunta complicidad.
La investigación establece que una paciente acudió al centro médico el 17 de enero para la extracción de sus cuatro terceros molares, procedimiento que sería cubierto por su seguro médico.
Sin embargo, el Ministerio Público indica que la intervención fue realizada por Franklin José Almánzar, quien no posee exequátur ni autorización legal para ejercer la odontología en la República Dominicana, según certificación del Ministerio de Salud Pública.
Durante el procedimiento, el imputado habría anestesiado a la paciente y realizado intentos de extracción por varias horas sin completar la cirugía, lo que posteriormente derivó en complicaciones médicas.
La mujer presentó dolor intenso, inflamación y otras afectaciones, siendo evaluada posteriormente por especialistas que determinaron que sufrió lesiones permanentes, incluyendo daño nervioso, parestesia mandibular y otras complicaciones.
El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen violaciones a la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 63-18, además de haber puesto en riesgo la vida de la paciente.
La audiencia de medida de coerción fue fijada para el próximo martes, cuando el tribunal conocerá la solicitud de prisión preventiva.